martes, 31 de agosto de 2010

Más de los agroquímicos.

Siguiendo con este tema de los agroquímicos, del que se pueden ver otros artículos en la sección cáncer ,me pareció interesante postear la nota que salió hoy en Página 12, para mantener viva nuestra inquietud e insistir con otra de las funciones que tenemos como médicos, PREVENIR , sobre todo estas patologías ambientales devenidas del enriquecimiento de grandes multinacionales y sus negociados con gobiernos corruptos.

calavera

Un límite para las fumigaciones en el campo

Médicos, científicos e investigadores expusieron en Córdoba trabajos académicos que vinculan agroquímicos con cáncer, malformaciones y pérdidas de embarazos. En el documento final pidieron prohibir las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres. (Por Darío Aranda)

Desde Córdoba

Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades médicas, expusieron sus trabajos durante dos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y llegaron a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”. Sucedió en el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, la primera vez que una universidad pública convoca a investigadores y académicos para abordar el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes, reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente del principio precautorio que figura en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Participaron especialistas de diez provincias y seis universidades nacionales.

Ya lo habían denunciado vecinos, campesinos, ONG, médicos rurales y algunos (pocos) científicos, de manera aislada. Incluso la Justicia comenzó a emitir fallos que reconocieron el peligro de los herbicidas y plaguicidas. Pero, de manera recurrente, empresarios rurales, compañías de semillas y químicos, y funcionarios suelen reclamar “pruebas” científicas. “Durante estos dos días disertaron profesionales de seis universidades públicas nacionales. No tenemos dudas, tenemos evidencia suficiente de lo perjudicial del uso de agrotóxicos”, afirmó al cierre del encuentro, el sábado último, Medardo Avila Vázquez, coordinador del encuentro y docente de la UNC.

El propio decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Gustavo Irico, abrió el foro el viernes por la mañana. “La universidad debe dar este debate, verificaremos hechos, analizaremos el grado de evidencia. Acá hay expertos en el tema, daremos una discusión que será esclarecedora”, adelantó. Le siguieron casi doce horas de disertaciones (hasta las 21). Y toda la mañana del sábado. Luego del mediodía, y ya con todas las ponencias brindadas, se escribió y consensuó un documento público.

“Equipos de salud, científicos, investigadores y académicos convocados por la UNC nos sentimos en la obligación de decir: es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones sometidas a fumigaciones. La situación se agrava día a día (...) en las poblaciones sistemáticamente fumigadas a consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial”, afirma el documento, firmado por un centenar de especialistas llegados al Primer Encuentro, avalado formalmente por la Facultad de Ciencias Médicas y coorganizado por dos cátedras (Medicina I y Determinantes sociales de la salud, de Pediatría).

Desde el inicio de las jornadas se remarcó que la universidad llegaba tarde a una problemática que desde hace más de una década es denunciada por poblaciones fumigadas. Se hizo autocrítica y también se explicitaron algunas de las posibles causas a esa ausencia. “Las grandes empresas centralizan y lucran con el 90 por ciento del conocimiento universitario, los ámbitos oficiales de ciencia y técnica abren la puerta al sector privado y limitan a los profesionales que buscan estudiar en beneficio de la sociedad. Es imperioso apoyar y fomentar tesis de maestría y doctorado sobre las consecuencias de los agroquímicos”, reclamó Eduardo Maturano, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc).

El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló historias clínicas de niños malformados que comenzaron a llegar a su consultorio en 1993. Exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. “Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Todos. Tengo sus nombres, conozco su sufrimiento. ¿Cómo me pueden decir que ‘no hay pruebas’? Que traigan a sus esposas o hijas embarazadas y verán las pruebas irrefutables”, desafió.

Las estadísticas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. “Sabíamos que los agroquímicos afectaban los genes, pero no teníamos la forma de realizar los estudios. Eso es lo que acaba de confirmar Andrés Carrasco (UBA-Conicet). Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, la bomba de tiempo estalló, los afectados son miles y negarlo es criminal”, afirmó.

El pediatra y neonatólogo de Malabrigo (Santa Fe), Rodolfo Páramo, exhibió casos calcados a los del Chaco y resumió: “En toda zona sojera encontrarán los mismo. Es un modelo productivo que destruye la vida”, denunció y detalló la estadística de su pueblo: en un solo año, sobre 220 nacimientos se registraron doce malformaciones, “muy por arriba de la media mundial, de un caso cada 8000 nacidos”. El médico contó que se graduó en la Universidad de Córdoba y recordó una de las primeras lecciones que aprendió: “Si el médico encuentra algo que daña a la salud, es su obligación ética y moral alertar lo que está sucediendo, advertir a las autoridades y a la población. Me lo enseñó la universidad pública de Argentina, no entiendo a los que silencian”. Sobrevino una ovación del auditorio, con gran presencia estudiantil.

Le sucedieron investigaciones, la gran mayoría publicadas en revistas internacionales –como solicitan quienes minimizan las denuncias de los afectados–. La directora de Epidemiología Ambiental del Cáncer de la UNC, María del Pilar Díaz, explicó sus avances de investigación, detalló un monitoreo internacional sobre el tema y dio cuenta de sus dos últimas publicaciones, que vinculan plaguicidas y cáncer. La delegada del Ministerio de Salud en el Chaco, Analía Otaño, detalló que en la última década los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. El científico de la UBA y del Conicet Andrés Carrasco (que acaba de publicar en una revista científica internacional su trabajo sobre el efecto del glifosato en embriones anfibios) cerró el encuentro.

Otra decena de especialistas detallaron sus trabajos (de las universidades de Río Cuarto, Litoral, Rosario y UBA). Todos vinculan y alertan sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. Todos poseen trabajos a disposición de colegas y medios de comunicación.

“Es urgente avanzar en las restricciones públicas al uso de los plaguicidas (...) es necesario aplicar el principio precautorio”, reclama el documento de los investigadores, y pide a la Presidenta y al Ministerio de Salud que prohíban las fumigaciones aéreas (“como ya se estableció en la Unión Europea”) y limiten las terrestres. Insta al Congreso a que apruebe leyes, hace un llamado al resto de las universidades nacionales a comprometerse a proteger la salud y el ambiente, e impulsa a analizar críticamente “el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico, y buscar sistemas que permitan la integración social y el cuidado ambiental”. Quedó conformada una red de investigadores y acordado un próximo encuentro, en marzo del 2011, en la Universidad Nacional de Rosario.

Link original en Página 12

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domingo, 29 de agosto de 2010

Dejar el cigarro…

Tabacomaitena

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sábado, 14 de agosto de 2010

Aumento de copagos de IOMA.

 

aumento

Desde el próximo 1º de septiembre aumentarán en un promedio del 20 por ciento los bonos de consultas y prácticas médicas del Instituto Obra Médico Asistencial. La noticia fue dada a conocer ayer por el Consejo Consultivo Gremial de la mutual y confirmada más tarde por el IOMA y la Agremiación Médica Platense.

El nuevo esquema de bonos quedará conformado así: el bono A continuará sin cargo para el afiliado; el bono B pasará de 18 a 20 pesos; y el bono C de 25 a 30 pesos, según se detalló oficialmente.

En tanto, los bonos odontológicos que ahora cuestan para el afiliado $8, desde el 1º de septiembre saldrán $10.

Y los bioquímicos para menos de seis prácticas de $10 pasará a valer $12; mientras que para más de seis prácticas de $14 a $17.

Los voceros de IOMA señalaron que "los valores de copago -es lo que abona el afiliado- de algunas prácticas no se tocaban desde hace dos años; y a estos nuevos valores se llegó tras los acuerdos con entidades como la Agremiación Médica Platense; FABA y la Sociedad Odontológica, que reclamaban incrementos en sus prestaciones".

"Los aumentos también tienen que ver con las subas de los salarios de los empleados público, que se trasladan a las prestaciones que paga IOMA a los médicos. La mayoría de las veces, esos incrementos son absorbidos por la obra social con la idea de mantener los valores de copago", agregaron desde el Instituto.

Por su parte, las autoridades de la Agremiación Médica Platense, indicaron que "este incremento forma parte del acuerdo al que se arribó meses atrás, cuando se logró el aumento de honorarios del 16 por ciento -la segunda parte comenzará a cobrarse con lo correspondiente a agosto-. No queríamos quedar otra vez devaluados y con este incremento y el de los bonos estaríamos cerca de lo que pretende el sector".

Por su parte, desde el Consejo Consultivo Gremial de IOMA, espacio que integran todos los gremios de la Provincia, expresaron su "desacuerdo" con respecto al incremento, por considerar que "los sucesivos aumentos de sueldo que percibieron los empleados públicos provinciales produjeron un sustancial incremento en los ingresos del IOMA, suficientes para cubrir la suba otorgada a los prestadores sin modificar los actuales valores de los bonos. Sostenemos firmemente que los afiliados no deben absorber los aumentos a los prestadores mediante los copagos".

El pedido del Consejo Consultivo gremial fue planteado al presidente del IOMA, junto a la necesidad de "profundizar la lucha contra los cobros indebidos y la pronta actualización de los valores de cobertura de los medicamentos ambulatorios, siendo que la última lista data de diciembre de 2006".

LinK original:Agencia Nova

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viernes, 13 de agosto de 2010

Aberraciones jurídicas.

 

Esto salió en Perfil.com hoy, no terminan nunca las sorpresas argentinas.Y encima son los mismos jueces que nos juzgan…

Baleó a su novia, pero le bajaron la pena por un retiro de órganos

El juez sentenció "lesiones" y no "homicidio".

JUST

Un fallo por la muerte de una joven baleada en Mendoza desató una nueva polémica sobre la interpretación que hace la Justicia sobre la ablación de órganos. La Cámara Quinta del Crimen de esa provincia sentenció a sólo tres años de prisión con libertad condicional a un joven que disparó a su novia en la cabeza, por entender que no se trató de un homicidio sino del delito de lesiones gravísimas culposas.

El hecho ocurrió el 13 de marzo 2008, cuando Oscar Ahumada le disparó en la cabeza a su novia Cintia Castillo, de 20 años. La defensa de Ahumada alegó que se trató de un disparo accidental, y que luego asistió a la joven llevándola al Hospital Central de Mendoza. El 15 de marzo los médicos decretaron que la muchacha padecía muerte cerebral en un grado irreversible, por lo que se realizó la ablación autorizada por los padres de Castillo, procedimiento de retiro de órganos que llevó al juez al dilema de no poder definir si el disparo fue la causa final y directa del deceso, informó Diario Uno.

Ante la consulta de Perfil.com, desde el INCUCAI aseguraron que no pueden realizar declaraciones sobre el caso, ya que los fundamentos de la Cámara Quinta de Mendoza todavía no fueron divulgados. Sin embargo, mediante un comunicado, la institución señaló que “considera imprescindible aclarar que un proceso de donación de órganos y/o tejidos se inicia siempre a partir del reconocimiento y el diagnóstico de la muerte”. Y especificó que “para poder establecer el diagnóstico de muerte es prerrequisito fundamental la existencia de una causa documentada de la misma”.

Además, el INCUCAI destacó que “cuando la causa que determina la muerte actúa primariamente sobre el sistema nervioso central, ésta puede ser diagnosticada por criterios neurológicos (que siempre incluyen técnicas instrumentales), aún cuando persista el latido cardíaco. En tales situaciones, la continuidad de la asistencia respiratoria mecánica en un individuo muerto tiene como única finalidad preservar la viabilidad biológica de los órganos pasibles de ser trasplantados”.

Respecto de los casos de ablación cuando la muerte fue violenta, el organismo destacó que “aún existiendo autorización del fallecido o testimonio familiar para la donación, se requiere la autorización de un juez, quien previa intervención del médico forense, deberá dictaminar que los órganos y tejidos ablacionados no afectarán el resultado de la posterior autopsia”.

“La llamada 'muerte encefálica' -agrega el comunicado- es la muerte diagnosticada bajo criterios neurológicos, independientemente de que exista o no donación de órganos”.

El fiscal Fernando Guzzo y la abogada querellante Florencia Díaz Peralta habían pedido una condena de 20 años de prisión para Ahumada. El fiscal ya anticipó que nuevamente presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que en la anterior presentación le dio la razón.

Sucede que Ahumada ya había sido sometido a un juicio donde también había sorteado la condena de asesinato y en cambio recibió una condena por homicidio culposo (accidental). Pero luego, ante la apelación del fiscal, la sentencia fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia. La Corte ordenó entonces realizar este segundo juicio porque observó que la primera condena -3 años por homicidio culposo- no era justa ya que los jueces no tuvieron en cuenta la opinión y el informe del médico forense.

Antes de pedir 20 años de prisión para Ahumada, el fiscal dijo que la muerte de la chica se produjo porque el imputado le disparó a cinco centímetros de la cabeza, tal como confirmó el forense, y que el ángulo de tiro indica que le habría disparado no de forma accidental, informó el diario Los Andes. Además sostuvo que la muerte "la produjo la bala que destruyó la masa encefálica; no la ablación, una práctica médica absolutamente legal".

Por su parte, el abogado defensor de Ahumada, Daniel Romero mostró su satisfacción por la sentencia, y señaló: “Aquí la chica queda conectada al respirador con muerte cerebral y la desconexión fue autorizada por los padres. No hay homicidio culposo”.

LinK original en Perfil.com

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